Aragón no puede entregar su agua a los centros de datos sin contadores públicos

El sábado unas 5.000 personas, según los convocantes (2.000, según la Policía Nacional), recorrieron el centro de Zaragoza hasta la sede del Gobierno de Aragón para pedir una moratoria a los centros de datos. Formaba parte de una jornada europea con 75 actos, una veintena de ellos en España. «No hay agua para tanto dato», coreaban. La frase es buena para una pancarta. Como diagnóstico tiene un problema: hoy nadie puede comprobar si es verdad o mentira, y ese es el fallo que habría que corregir antes de autorizar un edificio más.

Conviene empezar por lo que dicen los números conocidos, que no siempre dan la razón a la calle. A finales de octubre, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental autorizó a Amazon Web Services a ampliar un 48 % el agua de su centro de El Burgo de Ebro, porque la refrigeración con agua pasa de 555 a 900 horas al año. Con todas sus ampliaciones, el máximo de la compañía en la zona sería de 0,92 hectómetros cúbicos al año. Las papeleras de la Ribera Baja superan los 20. Microsoft dice que sus tres campus, de circuito cerrado, gastarán 27.717 metros cúbicos el primer año y 3.973 después, lo que beben 83 personas. Los proyectos de Azora y Blackstone, refrigerados por aire, suman unos 10.800 metros cúbicos.

Ese es el mejor argumento de quienes defienden la oleada de inversiones: el agua es poca, el miedo es mucho, y una sola industria tradicional de la ribera consume veinte veces más sin que nadie salga a la calle. El presidente aragonés llegó a decir en septiembre, en un foro organizado por la propia Amazon, que la industria del dato aporta más agua de la que consume. Puede que tenga razón. El problema es que la única manera de saberlo es fiarse de las cifras que facilita la empresa.

Porque casi todo lo que sabemos sale de la documentación de los promotores. En las alegaciones contra la ampliación de El Burgo de Ebro, los ecologistas recordaron que una investigación de El País estimó que el centro de Huesca había consumido casi el doble de lo concedido, y pidieron controles independientes, porque la normativa no obliga a estas empresas a informar de lo que gastan. Los consumos previstos se corrigen al alza en cuanto el clima aprieta. Y el Gobierno de Aragón, según el recuento de la Fundación Basilio Paraíso, ha dado su sello de interés general a nueve proyectos con 82 edificios sin publicar un listado oficial de quién promueve cada uno.

Sin contador público no hay debate, hay dos bandos. Los unos dicen «saqueo» y los otros, «gota en el océano», y ninguno tiene que demostrar nada. Una comunidad que vive del agua del Ebro y del Gállego merece algo mejor que elegir a quién creer.

La exigencia es sencilla de formular y no debería asustar a ningún inversor serio: cada centro con un contador de captación telemático, leído por la confederación hidrográfica y no por la empresa, y su consumo mensual publicado en abierto; auditorías independientes cada año; y la autorización ligada a esas lecturas, de modo que pasarse del caudal concedido tenga consecuencias.

Y hace falta una segunda regla, antes de que llegue la próxima sequía y no después: quién cede primero cuando no hay para todos. El 15 de septiembre la acequia de Camarera, en la cuenca del Gállego, vio recortada su dotación al 35 %, una restricción que afectaba a unas 4.500 hectáreas. Pedro Arrojo, relator de Naciones Unidas para el derecho al agua, lo resumió en la manifestación: en años normales habrá agua para todo; la duda es quién tendrá prioridad cuando falte. Si un centro de datos conectado a la red urbana pasa por delante del riego, que se diga ahora y por escrito, con el orden de cortes publicado. Y si no debe pasar, también.

No comparto la moratoria indefinida que pedía la cabecera de la marcha. Parar todo hasta que se regule puede acabar en no regular nunca, y la inversión se marcharía a Castilla y León o Extremadura con los mismos huecos legales. Pero tampoco vale lo contrario: conceder primero y medir después. El Ministerio para la Transición Ecológica tramita un real decreto que fijará cuánta agua y electricidad puede consumir cada instalación. Lo razonable es que Aragón no apruebe más sellos de interés general hasta que ese límite exista y se pueda comprobar.

El agua, además, quizá no sea lo más grave. Microsoft prevé que sus campus consuman a plena capacidad 10.550 gigavatios hora al año, más que toda la comunidad en 2024, y Red Eléctrica ya ha dado permiso de conexión a 3.700 megavatios de centros de datos en Aragón, más del doble del pico de demanda regional. Esa factura también habrá que contarla. Pero el agua es lo que la gente entiende y lo que le da miedo, y por eso es por donde hay que empezar a dar datos.

La nube no es una nube: es una nave de dos hectáreas al lado de un pueblo. Si consume poco, que lo demuestre un contador que todos podamos leer.