Quién vota el 29N no debería decidirse con cautelares a tres semanas de las urnas

Desde el miércoles viajan por el mundo los votos de los españoles que viven fuera, y todavía no sabemos con certeza quién tiene derecho a enviarlos. Mientras escribo, el Tribunal Supremo estudia si amplía la suspensión cautelar del voto a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad por la llamada ley de nietos. Lo piden Vox e Iustitia Europa; el Gobierno se opone. Faltan veintitrés días para las elecciones generales del 29 de noviembre, la campaña empieza el día 13 y las urnas de los consulados recibirán votos entre el 21 y el 26. El censo, que debería ser lo más aburrido de unas elecciones, se ha convertido en su incógnita.

Conviene recordar cómo hemos llegado aquí. El 8 de septiembre, el Supremo suspendió de forma cautelar el voto de 163.020 personas que viven en el extranjero y obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática sin acreditar que descendieran de exiliados. El 12 de octubre mantuvo la medida y rechazó las peticiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que alegaban que revisar uno a uno los expedientes antes de votar era, en palabras del Gobierno, «materialmente imposible». El Defensor del Pueblo acudió al Constitucional, que el 21 de octubre inadmitió su amparo por diez votos a dos: era prematuro, porque el asunto sigue vivo en el Supremo. El 30 de octubre, el Supremo rechazó suspender de inmediato también a los hijos y dio tres días a las partes para opinar. Esa es la decisión que ahora espera.

No voy a resolver aquí quién tiene razón en el fondo, entre otras cosas porque ningún tribunal lo ha hecho todavía: no hay sentencia, solo medidas provisionales. Mi queja es otra, y vale para cualquiera que gane el pleito. Un derecho fundamental como el sufragio no debería depender, a tres semanas de votar, de un trámite de audiencia de tres días. Si al final esos votos cuentan y luego resultan irregulares, la duda caerá sobre los diputados elegidos. Si no cuentan y luego resulta que eran válidos, habremos dejado sin voz a miles de ciudadanos que hicieron todo lo que el Estado les pidió. En los dos casos pierde la confianza en el recuento, que es lo único que una democracia no puede permitirse perder.

El mejor argumento contrario lo ha dado el propio Supremo, y merece respeto. El tribunal sostiene que la exactitud del censo de residentes ausentes es prioritaria, porque cualquier sospecha sobre él pondría en cuestión la legitimidad de los elegidos, y advierte del fuerte aumento de electores en el exterior. Es preferible, viene a decir, una cautela que se pueda levantar que un escrutinio que no se pueda deshacer. Es un razonamiento serio. Pero describe un incendio que se dejó crecer mucho antes de que llegaran los jueces.

Porque el problema no nació en septiembre. La ley es de 2022 y fijó una vía para obtener la nacionalidad que exigía acreditar ciertos requisitos. Lo que no quedó resuelto a tiempo es cómo se comprobarían esos requisitos antes de que los nuevos españoles entraran en el censo electoral. A 21 de octubre, Exteriores había trasladado 31.390 expedientes, el 19,2 % de los 163.020 afectados, y había expedido 91 certificaciones de exilio. Con ese ritmo, la conclusión del Gobierno de que no hay tiempo es cierta, y precisamente por eso es una mala noticia: la revisión que hoy resulta imposible tenía que haberse hecho cuando se concedía la nacionalidad, no cuando se reparten las papeletas.

Tampoco ayuda que cada institución haya pasado la pelota a la siguiente. La Junta Electoral Central, en un acuerdo del 22 de octubre, remitió la cuestión de los hijos a lo que decida el tribunal. El Constitucional dijo que era pronto. Los dos magistrados que discreparon advirtieron de algo que debería incomodar a todos: se está restringiendo un derecho fundamental con una medida cautelar y sin que el legislador haya dicho nada. Mientras tanto, los afectados esperan sin saber si su sobre contará.

Las elecciones se convocaron el 6 de octubre, cuando la suspensión ya existía. Quien decidió la fecha conocía el riesgo, y quienes ahora piden ampliar las cautelares lo hacen con el calendario ya en marcha. Nadie es culpable de que la justicia tenga sus tiempos, pero sí de no haber ordenado el censo antes de que esos tiempos chocaran con los de las urnas.

Lo que pido no tiene color. Gane quien gane el 29 de noviembre, las nuevas Cortes deberían dejar escrito que las dudas sobre quién puede votar se resuelven antes de convocar, no durante la campaña: comprobación de requisitos en el momento de conceder la nacionalidad, plazos claros para impugnar el censo y una fecha a partir de la cual las listas no se tocan. Eso protege a quien teme el fraude y a quien teme la exclusión, que son dos miedos legítimos y opuestos.

Una democracia puede discutir durante años quién debe ser español. Lo que no puede es decidir en tres días, con los sobres ya en el correo, quién vota.